Seis funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y tres exfuncionarios de la misma entidad, fueron capturados, señalados de presuntamente recibir dádivas para  permitir el ingreso ilegal de mercancía a una de las mayores redes de contrabando en 2013, por valor de $2.614.727.423.

Las investigaciones establecieron que los hoy detenidos, quienes para la época de los hechos se desempeñaban como inspectores de la DIAN, habrían facilitado la entrada de contrabando para la organización de Jaime Álvaro Tello Rendón, Óscar Orlando Puentes Corredor, Fabio Orlando Gómez Velandia, judicializados y procesados por estos hechos.

Los testimonios de Tello Rendón, Puentes Corredor y Gómez Velandia, señalados cabecillas de la estructura criminal, revelaron que los entonces inspectores supuestamente omitieron sus funciones de control aduanero y permitieron que la mercancía ilegal saliera al mercado sin cumplir con los requisitos de importación.

Asimismo, en las investigaciones se constató que la red de contrabando habría modificado las listas de empaque, alteró las cantidades de los productos que entraban al territorio nacional o registró una mercancía distinta a la que llegaba.

Los capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de garantías de Bogotá, y la Fiscalía les imputará cargos por los delitos de favorecimiento al contrabando en delito continuado y cohecho propio en delito continuado.

Antecedentes

Veintidós integrantes de la red de contrabandistas fueron capturados en operaciones cumplidas entre abril y mayo de 2017, entre ellos los confesos financiadores, quienes aceptaron cargos por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y contrabando.

Tello Rendón está condenado a 8 años de prisión y Puentes Corredor a 13 años de prisión.

De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la red entregó documentos falsos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), elaboró facturas de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certificó mercancía de origen asiático como si fueran productos importados desde Estados Unidos, con el propósito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el Tratado de Libre Comercio (TLC).

En noviembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 62 propiedades avaluadas en $14.000’000.000, que pertenecerían a los presuntos cabecillas de la estructura. Esos bienes fueron ocupados por la Policía Fiscal y Aduanera en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolívar), Carmen de Apicalá (Tolima), y Madrid, Chía y Ricaurte (Cundinamarca).